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jueves, 15 de septiembre de 2011

Instalación de ascensores en comunidades de propietarios: no es de aplicación el art. 11.2 LPH

[Jurisprudencia Comunidades de Propietarios - Ascensores]


Establece el artículo 11.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que "Cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones no exigibles a tenor del apartado anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja".

Pues bien, a pesar de que aún sigan viéndose en internet artículos fechados en 2011 haciendo referencia al art. 11.2 LPH en casos de instalación de ascensores en comunidades de propietarios, dicho artículo no es de aplicación en los mismos. La siguiente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 2004, fundamenta de manera perfectamente clara el porqué no es aplicable, siendo además jurisprudencia pacífica entre las distintas Audiencias Provinciales. Pero es que, por si cupiese alguna duda, el Tribunal Supremo tiene declarado como doctrina jurisprudencial (STS 18-12-2008), que "el acuerdo de la Junta de Propietarios validamente adoptado obliga a todos los comuneros desde la óptica de que existe una norma específica que regula la instalación del servicio de ascensor, con la añadidura de que su interpretación se efectuará de acuerdo con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada".

Cabe añadir además, que si se hubiese tratado de un caso de supresión de barreras arquitectónicas la instalación de ascensor solo requiere mayoría de votos y cuotas del total de la comunidad de propietarios, como así establece la norma 1ª del artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y que igualmente, si el acuerdo esta válidamente adoptado, obliga a todos los propietarios, incluidos los disientes, sin que estos puedan tener amparo en el referido artículo 11.2 LPH.

Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, 14-06-2004
Extracto


"El artículo 11 de la LPH citado por la parte apelante dispone que cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones no exigibles a tenor del párrafo anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja.

Sin embargo, el indicado precepto no está previsto ni regula la instalación de un aparato ascensor porque para este concreto extremo la Ley de Propiedad Horizontal, tras la reforma de 6 de abril de 1999, contiene una norma específica que es la única a aplicar cuando la cuestión debatida gira en torno precisamente a la instalación del ascensor, supuesto para el cual, y en el artículo 17, se dispone que para el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, se requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, añadiendo que los acuerdos adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligarán a todos los propietarios.

(...) La reforma operada tras la ley citada hace innecesaria una interpretación como la efectuada en la resolución anterior por lo que deberá estarse al tenor literal del precepto y en consecuencia y conforme al mismo, una vez adoptado el acuerdo de instalar un ascensor con el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, el acuerdo vincula a todos los propietarios, de lo que hay que concluir que todos sin excepción, están obligados a sufragar su coste salvo que se acuerde por unanimidad una solución distinta.

Por consiguiente, el acuerdo válidamente adoptado en la junta de propietarios de fecha 20 de mayo de 1999, así como el montante de las derramas establecidas en la junta de 31 de enero de 2000 obliga a todos los comuneros, sin que pueda admitirse el argumento de la recurrente acerca de la procedencia de aplicar el artículo 11 de la LPH porque al existir una norma específica que regula la instalación del servicio de ascensor, es esta norma y no otra de carácter general, la que deberá aplicarse, y además y en cualquier caso, porque de acuerdo con los actuales parámetros de confort, es un elemento esencial para la adecuada utilización de un edificio cuya instalación redunda en beneficio de todos los propietarios del inmueble sin excepción, aumentando el valor de los departamentos y revalorizando la finca en su conjunto, por lo que resultaría abusivo que la contribución a su pago no tuviera que se asumida por todos los condueños".

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