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martes, 6 de septiembre de 2011

Multa de 1.732 euros a una comunidad de propietarios por no realizar obras necesarias

Establece la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) en su artículo 10.1 que "será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad", y en su artículo 10.3 que "los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa".

Según informa europapress.es, el Ayuntamiento de Santander ha impuesto una multa de 1.732,83 euros a una comunidad de propietarios por no realizar unas obras de reparación necesarias en el inmueble, concretamente en sus fachadas.

Según la notificación de la resolución, que recoge Europa Press, el Ayuntamiento ordenó a la comunidad de propietarios, por resolución de 7 de enero de 2010, la realización de unas obras de reparación necesarias en dicho edificio.

La resolución por la que se impone la sanción señala que la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, establece que el incumplimiento de las órdenes de ejecución podrán conllevar la imposición de multas coercitivas, en relación a la Ley de Propiedad Horizontal, que establece, como antes se indicaba, que "los propietarios que se opongan o demoren injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa".

Por ello se impone una multa coercitiva a la comunidad de propietarios de 1.732,83 euros, al tiempo que se advierte a los interesados que dicha multa puede ser reiterable en intervalos de tres meses, y hasta el límite legal de conservación para lograr la ejecución de las obras ordenadas (17.328,31 euros).

La resolución también señala que el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber satisfecho la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora y del recargo del período ejecutivo del 5, 10 ó 20%, según corresponda.

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