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lunes, 14 de noviembre de 2011

Cese del administrador de la comunidad sin indemnización por omisión de sus deberes

[Jurisprudencia comunidades de propietarios - Administrador]


Establece el artículo 13.7 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que salvo que los estatutos de la comunidad dispongan lo contrario, el nombramiento de los órganos de gobierno (entre los que se encuentra el administrador de fincas) se hará por el plazo de un año pudiendo los designados ser removidos de su cargo antes de la expiración del mandato por acuerdo de la Junta de propietarios, convocada en sesión extraordinaria.

Así, salvo que exista justa causa para su cese, el administrador tendrá derecho a una indemnización si es removido de su cargo antes de finalizar su mandato. En este caso en concreto, la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el administrador había omitido, "por completo, la realización de todos los encargos que se le habían encomendado por la Junta de Propietarios y por su Presidente", existiendo por tanto justa causa para su cese sin derecho a indemnización.

Sentencia Audiencia Provincial Madrid, 13-07-2011
Extracto


"Los elementos probatorios aportados al proceso -como certeramente concluye el juzgador de primer grado tras una ponderada, razonada y razonable valoración hermenéutica de su contenido y resultado, que no se revela, en absoluto, como arbitraria, irracional, errónea, desproporcionada, absurda, incongruente o contraria a las reglas de la lógica o de la sana crítica y que, por tanto, ha de ser asumida y mantenida en esta alzada por este tribunal de segunda instancia- evidencian que tras su nombramiento y designación el demandante omitió, por completo, la realización de todos los encargos que se le habían encomendado por la Junta de Propietarios y por su Presidente.

Efectivamente, así lo ponen claramente de manifiesto los documentos aportados por la demandada -cuya autenticidad no fue cuestionada, en modo alguno, por la representación demandante en el acto de la vista, como se corrobora por la Sala tras el examen del soporte audiovisual de dicho acto, y a los que, por consiguiente, ha de reconocérseles, en todo caso, la fuerza probatoria que establece el artículo 326, en relación con el 319, de la Ley de Enjuiciamiento Civil- y el testimonio ofrecido en el mismo acto de la vista por el testigo don Ángel, cuya veracidad está fuera de dudas ante la línea de coherencia, la descripción detallada y la ausencia de puntos de contradicción en su relato. Circunstancias que no resultan predicables del relato ofrecido por la testigo Sr. Constantino, por lo que no puede estimarse, el mismo, con entidad y virtualidad suficiente para desvirtuar el contenido del testimonio anterior, que, además -no debe olvidarse- se ve corroborado con el contenido de la propia documental.

Finalmente debe señalarse que la conclusión fáctica anteriormente establecida no puede resultar desvirtuada, tampoco, por las afirmaciones efectuadas por el propio actor, al contestar el oportuno interrogatorio de parte, por cuanto las mismas carecen de toda virtualidad probatoria, habida cuenta de lo establecido por el artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que es evidente que se trata de afirmaciones referentes a hechos cuya fijación como ciertos resultaba beneficiosa o ventajosa para sus propios intereses.

SEXTO.-La conducta omisiva atribuida a don Laureano, y que queda patentizada con los elementos probatorios aportados al proceso, constituye un incumplimiento de las obligaciones que el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal atribuye al administrador; por lo que, apareciendo sustentada en la concurrencia de una justa causa la remoción del actor acordada por la Comunidad demandada, la inviabilidad de la pretensión deducida en la demanda resulta incontestable, por lo que procede confirmar en su integridad la sentencia apelada, con desestimación del recurso de apelación interpuesto e imposición al recurrente de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con lo prevenido por el artículo 398.1, en relación con el 394, de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil".

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