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lunes, 2 de enero de 2012

Contrato de mantenimiento de ascensores abusivo para la comunidad de propietarios

[Jurisprudencia Comunidades de Propietarios - Ascensores - Guías]


La siguiente sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona entiende, en base al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que el contrato de mantenimiento de ascensores suscrito por una comunidad de propietarios no es abusivo respecto de la cláusula que establece una duración inicial del contrato de tres años prorrogado tácitamente por períodos iguales sucesivos pero sí lo es en cuanto a la cláusula que dispone que la rescisión anticipada del contrato por el abonado le obliga a este al pago del 50% del período pactado y pendiente de transcurrir.

Sentencia Audiencia Provincial de Tarragona, 01-02-2011
Extracto


"Respecto a la cláusula contractual 5 que establece una duración inicial del contrato de tres años, prorrogado tácitamente por períodos iguales sucesivos, mientras no sea denunciado el contrato por una de las partes mediante carta certificada con 90 días de antelación a la fecha de vencimiento (folio 13), ninguna vulneración supone del Real Decreto Legislativo 1/2007 (...).

2º) En cuanto a la cláusula 10 del contrato conforme a la cual la rescisión anticipada del mismo por el abonado, le obliga al pago del 50% del período pactado y pendiente de transcurrir "en concepte de penalitat" (folio 13), la misma sí debe considerarse abusiva a tenor de lo establecido en el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 1/2007, cuyo apartado 6 declara abusivas las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones, y en el artículo 87 que en su apartado 6 declara abusivas por falta de reciprocidad las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados); razón por la que procede, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83, declarar la nulidad de la pena establecida, añadiendo su apartado 2 que la parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el art. 1.258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva, y que a estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario, por lo que es procedente mantener nuestro criterio anterior, fijando la indemnización en base al beneficio industrial que la empresa habría podido obtener durante el plazo no respetado, concretando el mismo en un 15% del precio pactado".

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