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martes, 7 de febrero de 2012

El cerramiento de la terraza necesita unanimidad aún existiendo otros. No abuso de derecho

[Jurisprudencia Comunidades de Propietarios - Cerramientos - Terrazas - Fachadas]


Como norma general y conforme a los artículos 7.1, 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la alteración de elementos comunes exige el acuerdo unánime de la comunidad de propietarios salvo en aquellos casos contemplados en el citado artículo 17 LPH.

En este caso unos propietarios demandaron a otro por el cerramiento de una terraza solicitando que se declarase la ilegalidad de la obra por no haber obtenido el consentimiento unánime de la comunidad de propietarios. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial el recurso de apelación fundamentando, en síntesis, que existían otros cerramientos similares desde el año 1989 y que existía desigualdad de trato y abuso de derecho por parte de los demandantes. No obstante, el Tribunal Supremo casa la sentencia de la Audiencia Provincial, que declara sin valor ni efecto alguno, y declara la ilegalidad de las obras de cerramiento de la terraza a nivel realizadas en la vivienda de la demandada condenándola a que devuelva el inmueble a su configuración original y apercibiéndola de que en caso de no hacerlo se podrá efectuar a su costa. Además, el Tribunal Supremo reitera doctrina jurisprudencial sobre el principio de igualdad y el abuso de derecho.

Sentencia del Tribunal Supremo, 09-01-2012
Extracto


"CUARTO.- Propiedad horizontal: desigualdad y abuso de derecho.

A) Como expone el recurrente a través del primer motivo de su recurso, las sentencias de esta Sala citadas declaran que el principio de igualdad prohíbe las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados.

En cuanto a la doctrina del abuso de derecho, en palabras de la STS de 1 de febrero de 2006 (RC nº 1820/2000) se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho exigiendo su apreciación, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo). En materia de propiedad horizontal, el abuso de derecho, se traduce en el uso de una norma, por parte de la comunidad o de un propietario, con mala fe, en perjuicio de otro u otros copropietarios, sin que por ello se obtenga un beneficio amparado por la norma.

B) La sentencia recurrida argumenta, esencialmente, que obligar al recurrente a retirar su cerramiento, infringiría el principio de igualdad, al existir otro similar en el edificio. Sin embargo, la vulneración de este principio no puede sustentarse únicamente en la existencia de un supuesto similar, porque, como expone la Audiencia Provincial, tampoco ha sido consentido por la comunidad de propietarios, pues, del mismo modo que las obras efectuadas por el recurrente, también las ejecutadas con anterioridad en la fachada del edificio, han sido objeto de impugnación. El hecho de que la parte demandante no haya reaccionado con la misma celeridad para exigir la retirada de obras realizadas en elementos comunes sin el consentimiento unánime de los copropietarios, no es base suficiente para imponer a la comunidad de propietarios la validez de los cerramientos ejecutados. En definitiva la supuesta desigualdad que supondría exigir al recurrente que repusiera la fachada a su estado anterior, es artificiosa pues no se funda en criterios objetivos ni razonables.

Finalmente de la realidad fáctica expuesta por la Audiencia Provincial, no se aprecia que concurran los requisitos que caracterizan el abuso de derecho. No se ha acreditado que la parte demandante haya actuado con mala fe o en perjuicio del demandado. La interposición de la demanda objeto de este procedimiento persigue un fin claro amparado por la norma, como es que no se lleven a cabo alteraciones en elementos comunes de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, si no es con la autorización unánime de los copropietarios. La actuación de la demandante se funda en una justa causa y su finalidad es legítima, por lo que no puede ser calificada su pretensión como abusiva.

(...) Declaramos la ilegalidad de las obras realizadas de cerramiento de la terraza a nivel en la vivienda de la demandada, y la condenamos a que devuelva el inmueble a su configuración original apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, se podrá efectuar a su costa.

Se reitera como doctrina jurisprudencial que el principio de igualdad prohíbe las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Igualmente se debe reiterar como doctrina jurisprudencial que en materia de propiedad horizontal, el abuso de derecho, se traduce en el uso de una norma, por parte de la comunidad o de un propietario, con mala fe, en perjuicio de otro u otros copropietarios, sin que por ello se obtenga un beneficio amparado por la norma".

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