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sábado, 11 de febrero de 2012

La colocación de antena de radioaficionado en zona común no precisa consentimiento de la comunidad

[Jurisprudencia comunidades de propietarios - Antenas - Elementos comunes]


La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife entiende en la siguiente sentencia, citando en los fundamentos de derecho otras de distintas Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que la colocación de una antena de radioaficionado en una zona común no requiere el consentimiento de la comunidad de propietarios siempre que vaya amparada por la correspondiente licencia administrativa válidamente obtenida.

Sentencia Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 21-09-2011
Extracto


La cuestión que verdaderamente integra el fondo del asunto es la relativa a determinar si la colocación de la repetida antena precisa o no de la autorización de la comunidad de propietarios, siendo esta la tesis de la demandante, sobre la base de lo dispuesto en los arts. 7 y 17 de la LPH, de los que se sigue la necesidad de recabar la autorización de la comunidad de propietarios por aquel que pretenda realizar obras que afecten a los elementos comunes del edificio.

Como bien plantea el juzgador a quo, esta cuestión debe resolverse recurriendo a la legislación específica en la materia, la Ley 19/1.983, de 16 de noviembre, "sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados" y su Reglamento, el R.D. 2.623/1986 de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de instalación de las citadas estaciones radioeléctricas, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional de la Ley.

Aunque esto suponga repetir lo correctamente dicho por el juzgador de primera instancia, debe partirse del contenido del art. 1 de la Ley 19/1983: "Quienes estando legitimados para usar de la totalidad o parte de un inmueble y hayan obtenido la autorización reglamentaria del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para el montaje de una estación radioeléctrica de aficionados, podrá instalar, por su cuenta, en el exterior de los edificios que usen, antenas para la trasmisión y recepción de emisiones".

Por su parte, la norma contenida en el apartado 3º del art. 2, establece que "Los derechos que el art. 542, párrafo 2, del Código Civil reconoce al dueno del predio sirviente se ejercerán en su caso por la Comunidad de Propietarios, bastando que la decisión se adopte por mayoría simple". El citado art. 542.2 C.C. regula la posibilidad de que el dueno de un predio gravado por una servidumbre pueda solicitar la variación del lugar o forma de su ejercicio cuando, por cualquier circunstancia, esta halla devenido muy incomoda o molesta.

Partiendo de la citada regulación legal, teniendo en cuenta el carácter de ley especial frente a la LPH y que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino sometido a limitaciones ya desde antiguo (en el derecho moderno uno se sus modelos más representativos lo tenemos precisamente en la regulación del derecho de propiedad horizontal, donde el ejercicio de la propiedad individual está sometido a importantes limitaciones en beneficio de derechos colectivos o comunitarios), debe concluirse que la citada ley 19/1983 es una manifestación más de las limitaciones al derecho de propiedad, pues "elimina el requisito de la autorización de la Comunidad y, sustrayéndolo de su competencia, atribuye tal autorización a la autoridad administrativa, sin perjuicio de la facultades de la Comunidad para intervenir en la fase de la concesión administrativa y, en todo caso, de las establecidas en el art. 542 C.C." (sentencia de 28 de mayo de 2.004 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resolviendo un recurso de una comunidad de propietarios contra la resolución de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Madrid que autorizó la instalación y montaje de un sistema radiante).

En igual sentido se han pronunciado la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional (Sentencias de 23 de marzo de 2.004 y de 11 de marzo de 2.010) o las sentencias de las Audiencias Provinciales de Cádiz de 4-6-03, de La Rioja de 28-11-03 o de Cartagena de 20-2-06.

La citada resolución de la Audiencia Nacional de 11 de marzo del pasado año, establece que "Desde la Ley 19/1983 y su Reglamento aprobado por RD 2623/1986, instalaciones como la que nos ocupa no precisan de la previa autorización ni consentimiento de la Comunidad de Propietarios del edificio en el que se pretenden colocar, gozando los titulares de las mismas de un auténtico derecho de servidumbre desde el punto de vista del derecho civil".

Por su parte, la sentencia de la AP de La Rioja dice que la antedicha regulación especial "confiere un derecho subjetivo a los radioaficionados para la instalación de la antena, configurando una servidumbre legal impuesta a la comunidad de propietarios, con obligación de soportar la instalación de la antena, siempre que vaya amparada por la correspondiente licencia válidamente obtenida".

La reiterada Ley 19/1983 justifica este régimen especial por la utilidad de instalaciones como las de los radioaficionados, que "presentan servicios (además de los privados) de utilidad pública en determinadas ocasiones, habiéndose reconocido este carácter oficial por la colaboración que sus titulares presentan a las autoridades nacionales en circunstancias extraordinarias" (Exposición de Motivos).

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